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Sálvese quien deba:
La seguridad del paciente

Perfil profesional

perfil
José María Ruiz Ortega
  • Médico
  • Gestor sanitario
  • Máster en Gerencia de Organizaciones Sanitarias: ENS, EADA
  • Auditor Sanitario
  • Master en seguridad del paciente y gestión de riesgos sanitarios en École Centrale Paris
  • Presidente de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente AEGRIS
  • Jefe de Servicio de Seguridad del Paciente. Subdirección General Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación Servicio Murciano Salud. Murcia.

Esta es mi opinión, que ni yo mismo comparto

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Me preocupa que la atención sanitaria que reciban los pacientes sea lo más segura posible; me interesa que los profesionales sanitarios trabajen en un ambiente libre de culpas, de cargas añadidas de trabajo y que hagan bien lo que saben; me gustaría que la organización sanitaria sea menos opaca y de verdad practique lo que predica: que el ciudadano es el eje del sistema de salud. Y que cuando todo se viene abajo, seamos capaces de afrontar la crisis con conocimiento y de la manera más propicia.

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SeguridadPaciente 

Inicio

Sergio Gallego Riestra, mi amigo, es una de las ilustres figuras que hacen grande nuestro sistema de salud. Médico y jurista, gestor sanitario lleva muchos años dedicados a la seguridad de los pacientes desde diferentes roles. Le admiro como persona y como profesional. Miembro fundador de AEGRIS y componente de la Junta Directiva, llevamos años luchando por los mismos objetivos. El desde su tierra Asturias. Qué contar en pocas líneas de la trayectoria del Dr. Gallego. Doctor por la Universidad de Oviedo, diplomado por la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid y Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. Inspector Médico de la Administración de la Seguridad Social, ha desempeñado diversos cargos de Gestión en el Ministerio de Sanidad y en el Instituto Nacional de la Salud, entre los que cabe citar el de Inspector de los Equipos Territoriales del Ministerio de Sanidad y Consumo, Director del Hospital San Agustín de Avilés, Gerente del Hospital General de Asturias, Subdirector Gerente del Hospital Central de Asturias y Director Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Asturias. Es uno de los autores del Dictamen en el que se basa la Ley de autonomía del paciente. Actualmente coordinado la Responsabilidad Patrimonial y el Régimen Disciplinario y encargado del Registro de Instrucciones Previas. Ha sido profesor de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Universidad de Oviedo durante once años y es Profesor Colaborador de la Escuela Nacional de Sanidad y del Instituto Asturiano de Administración Pública. También es profesor del Máster de Derecho Sanitario de la Universidad de Castilla La Mancha y del Máster de Gestión de Servicios de Salud de la Universidad Complutense de Madrid. Sergio es autor y coautor de diversos libros y numerosos artículos sobre temas de derecho sanitario entre otros los titulados “Información y Documentación Clínica”, “La Década de la Reforma Sanitaria”, “Derecho y Sociedad: Dirección Médica y Gestión Clínica” y, finalmente, “Últimas tendencias de la responsabilidad profesional médica con especial atención a la intimidad” (algunos libros de su obra). En suma, un honor que tan ilustre profesional nos honre con esta magnífica entrada capaz de compartir conceptos y aclarar dudas que a veces parecen sorprender a quienes dedican su actividad profesional a la atención de pacientes y no pueden comprender determinadas actuaciones judiciales. Gracias Sergio por ponernos tan cercanos tus amplios conocimientos. 

SergioGallegoFoto

José María Ruiz Ortega abre su blog SÁLVESE QUIEN DEBA: LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES señalando, entre otras cuestiones, que le “interesa que los profesionales sanitarios trabajen en un ambiente libre de culpas, de cargas añadidas de trabajo y que hagan bien lo que saben” y que “cuando todo se viene abajo, seamos capaces de afrontar la crisis con conocimiento y de la manera más propicia”. Estas dos reflexiones, que me parecen especialmente interesantes, me dan pie para poder escribir unas líneas a fin de dar cumplimiento a su amable invitación relativa a intervenir en este foro elaborando una entrada. Hace tiempo que quienes desarrollamos nuestra actividad profesional en el ámbito de la responsabilidad de la Administración Sanitaria, venimos observando como por parte de los tribunales de justicia se van creando sucesivas figuras que permiten acabar indemnizando a un paciente que ha sufrido un daño que considera injusto. Me refiero a figuras como la inversión de la carga de la prueba, el daño desproporcionado, la pérdida de oportunidad o la aplicación en todo su rigor de la responsabilidad objetiva en los casos de infección nosocomial o relacionada con la asistencia sanitaria. No es éste el lugar adecuado para abordar su análisis. Bástenos en este momento con aclarar que lo que se busca con ellas es establecer una relación entre la actuación de los profesionales sanitarios y el servicio público con el daño sufrido por el paciente y de esa manera poder indemnizarle. Probablemente la finalidad no esté mal, pero desde el sistema público sanitario vivimos con gran desazón que conductas impecablemente adaptadas a la lex artis ad hoc, en las que no cabe poner reparo alguno a la actuación profesional, terminan siendo cuestionadas de una u otra manera. A mí me resulta muy difícil explicarle a un médico que como consecuencia de su actuación profesional la Administración ha tenido que abonar una determinada cantidad de dinero y que ello se debe a que el daño sufrido por el reclamante es un daño antijurídico, que no tiene la obligación de soportar, pero que por el contrario él ha actuado correctamente y que no tiene ningún motivo para hacerlo de manera diferente en el futuro.

Pues bien, el Tribunal Supremo ha introducido una nueva figura en esta línea que estamos comentando que permite, en mi opinión, justificar de una manera mucho más racional esa “corriente indemnizatoria”. Se trata de la solidaridad. Hay determinados daños que deben ser indemnizados entre todos los ciudadanos, por la sociedad en su conjunto, ya que ella misma es la beneficiaria de las conductas que se practican y por tanto, cuando un particular sufre un daño por someterse a ellas, no debe recaer exclusivamente en él el deber de soportarlo. Se reconoce así el derecho a percibir una indemnización, pero también a la vez se deja constancia de una correcta actuación de los profesionales y del sistema sanitario. Se trata de la Sentencia 6645/2012, de nueve de octubre, en la que se establecen como hechos probados que el interesado, de 37 años de edad en octubre de 2002, le fue administrada la vacuna antigripal (Chiroflu) en su Centro de Salud, sin que conste documento escrito de información respecto a las consecuencias y riesgos de la misma. A los diez días, aproximadamente, de la inyección de dicha vacuna, es diagnosticado de un Síndrome de Guillain-Barré. A pesar de administrarle los tratamientos oportunos persistió una grave disminución funcional, por lo que en junio de 2004 se le concedió la invalidez permanente absoluta.

Por lo que se refiere al nexo de causalidad entre la administración de la vacuna y la aparición del síndrome Guillain-Barré, el Tribunal lo considera probado ya que los informes médicos obrantes en autos relacionan directamente el antecedente de vacunación antigripal con el cuadro clínico de Guillain-Barré, así como las fichas técnicas y prospectos del Chiroflu, en las que se señala que puede producir alteraciones del sistema nervioso, entre las que se encuentra específicamente el Síndrome Guillain-Barré. Por tanto, el punto de controversia no se centra en el nexo causal sino en la antijuridicidad del daño, en cuanto que el mismo sea ilegítimo y que por ello el reclamante no tenga el deber jurídico de soportarlo. Por la parte reclamante se señala que hubo una "mala praxis" o infracción de la "lex artis ad hoc" por no haber informado al paciente sobre los riesgos y posibles consecuencias de la vacunación, al amparo de lo previsto en la Ley 41/2002 de la autonomía del paciente. Se trata por tanto de determinar la extensión y límites del deber de información para poder ofrecer un consentimiento libre, voluntario y autónomo, es decir, hasta dónde debe llevarse esa obligación de informar, en qué términos y de qué modo.

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A este respecto, el Tribunal Supremo declara que la información no puede ser ilimitada, infinita; debe ser completa, sí, pero proporcionada y acorde al acto a realizar, rigurosa y adaptada al receptor. En este caso concreto concluye que la conducta de los profesionales se acomodó a la " lex artis " en lo que demandaba el derecho de información del paciente. Sin embargo, a pesar de establecer que se actuó correctamente, de acuerdo con la lex artis, el Tribunal Supremo determina, recurriendo a la solidaridad, el derecho del reclamante a percibir una indemnización de 468.699,42 euros, además de los intereses legales. Considera que “la obligación de soportar el daño sufrido no puede imputarse al perjudicado cuando éste no tiene el deber jurídico de soportar el riesgo que objetivamente debe asumir la sociedad en virtud del principio de solidaridad, como sucede en el particular y concreto supuesto que nos ocupa, difícilmente repetible fuera de su excepcionalidad, en el que se ha concretado en el reclamante un riesgo altamente infrecuente, pero de previsible aparición en el amplio ámbito de las campañas generales de vacunación, campañas que además persiguen objetivos no solo particulares, sino también generales de salud pública, para la disminución de la incidencia o erradicación de enfermedades …” Continúa indicando que está justificado que “los perjuicios de la programación anual de vacunación, previsibles y conocidos por el estado de la ciencia en el momento de la implantación de esta política de salud pública, sean soportados por toda la sociedad, porque así lo impone el principio de solidaridad y socialización de riesgos, con el fin de lograr un mejor reparto de beneficios y cargas”.

El desarrollo de un Síndrome de Guillain-Barré en este caso se manifiesta como una carga social que el reclamante no tiene el deber jurídico de soportar de manera individual, sino que ha de ser compartida por el conjunto de la sociedad, pues así lo impone la conciencia social y la justa distribución de los muchos beneficios y los aleatorios perjuicios que dimanan de la programación de las campañas de vacunación dirigidas a toda la población …”

Comentarios   

# edita falco 04-10-2014 21:09
Vaya tema!! hay muchas cosas a discutir pero solo voy a referirme a una:las secretarias o ministerios o cual sea el nombre de la institucion que exhorta( y a veces obliga) a la vacunación.no es quien deberia proporcionar la informacion correspondiente al publico?Es el consentimiento informado que deberia firmar cuando se vacuna-
# edita falco 04-10-2014 21:09
Vaya tema!! hay muchas cosas a discutir pero solo voy a referirme a una:las secretarias o ministerios o cual sea el nombre de la institucion que exhorta( y a veces obliga) a la vacunación.no es quien deberia proporcionar la informacion correspondiente al publico?Es el consentimiento informado que deberia firmar cuando se vacuna-
# edita falco 04-10-2014 21:09
Vaya tema!! hay muchas cosas a discutir pero solo voy a referirme a una:las secretarias o ministerios o cual sea el nombre de la institucion que exhorta( y a veces obliga) a la vacunación.no es quien deberia proporcionar la informacion correspondiente al publico?Es el consentimiento informado que deberia firmar cuando se vacuna-
# edita falco 04-10-2014 21:09
Vaya tema!! hay muchas cosas a discutir pero solo voy a referirme a una:las secretarias o ministerios o cual sea el nombre de la institucion que exhorta( y a veces obliga) a la vacunación.no es quien deberia proporcionar la informacion correspondiente al publico?Es el consentimiento informado que deberia firmar cuando se vacuna-
# Sergio Gallego 06-10-2014 15:37
Estimada Dra. Falco: Según la legislación española sólo es necesario el consentimiento informado en forma escrita para la realización de intervenciones quirúrgicas, la práctica de procedimientos invasores y para la aplicación de aquellas técnicas o procedimientos en los que quepa esperar riesgos de notoria y previsible repercusión negativa para el paciente. Por tanto, la vacunación no requiere nada mas que información y consentimiento verbal. El propio Tribunal Supremo aborda la cuestión y literalmente señala que en “supuestos como el presente, vacunación en todo caso voluntaria si bien aconsejada y promovida por la Administración por los beneficios sociales que de la misma derivan, es bastante con que en el acto de la inoculación del virus se advierta verbalmente a la persona que lo recibe de aquellas consecuencias leves que pueden presentarse y que desaparecerán en breve tiempo y se indique los medios para paliar sus efectos”.

Otra cuestión es el alcance de la información. De acuerdo con la Ley deben ser informados aquellos riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia. El Tribunal Supremo en la Sentencia que se comenta, afirma que ya ha declarado con anterioridad que el deber de información no ampara la exigencia de una información excesiva y desproporcionad a, como es la relativa a los riesgos no normales, no previsibles de acuerdo con la literatura médica. También ha dicho en múltiples ocasiones que la información no puede ser ilimitada o excesiva, so pena de producir el efecto contrario, atemorizante o inhibidor y que ha de ofrecerse en términos comprensibles, claros y adaptados al usuario de la asistencia. Por ello, dada la rara frecuencia con la que aparece el Síndrome de Guillain-Barré considera que no era necesario informar sobre ese riesgo.

La novedad de la Sentencia radica en que a partir de este momento, es decir, tras declarar que se actuó correctamente, de acuerdo con los criterios impuestos por la lex artis, entiende que el afectado no tenía el deber jurídico de soportar el daño, sino que debe ser la sociedad en su conjunto quien lo haga al ser la beneficiaria de las campañas de vacunación y del hecho de que cada sujeto se vacune individualmente , y ello en aras del principio de solidaridad y socialización de riesgos.

Muchas gracias por su comentario y un cordial saludo
Sergio

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